Jean-Paul Rignault (AXA): “Tenemos que volver a colocar las pensiones en la agenda política”

Jean-Paul Rignault, consejero delegado de AXA España y presidente de la Fundación AXA, ha asegurado que “tenemos que volver a colocar las pensiones en la agenda política. Porque ha desaparecido de ella”. En este sentido, Rignault, que ha inaugurado la XXIX Jornada de Vida, Pensiones y Previsión Social Complementaria organizado por la Fundación AXA y El Nuevo Lunes, ha afirmado que “en los últimos tiempos, España se está enfrentando a muchos desafíos, pero el de las pensiones no es menor”.

En la mesa inaugural, dedicada a las propuestas del sector para hacer frente a los restos a los que se
enfrente el sistema público de pensiones, también han intervenido José Antonio de Paz Carbajo,
subdirector General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad; Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, y Luis Miguel Ávalos, director del Área
de Seguros Personales de Unespa.

De Paz Carbajo ha repasado los proyectos en que está embarcado el Ejecutivo en materia de pensiones,
como la trasposición de la directiva 2014/50/UE y la 2016/2341, así como la modificación del
Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones en los que se esperan avances en las próximas semanas.

Por su parte, Martínez-Aldama ha señalado que España es uno de los países “con la contributividad
más baja, en el que, para cobrar el máximo de pensión, más se tiene que cotizar 38,5 años”. Además ha
advertido de la grave situación a la que nos enfrentamos, en tanto que, ha recordado, “se estima que
en 2030 la tasa de sustitución –porcentaje de la pensión pública respecto del último salario- pasará del
actual 80%, al 60%”. El presidente de Inverco también ha lamentado el retraso “de seis años” que lleva
el Gobierno en cumplir con rigor con la Ley 27/2011 y la necesidad que establecía de informar a los
ciudadanos de su pensión futura, el conocido como Sobre Naranja.

“La Seguridad Social ha desarrollado un simulador de pensiones que no se adecúa a la realidad, con lo que tenemos una ilusión monetaria de las prestaciones futuras”, ha concluido Martínez-Aldama, con lo que es muy difícil hacerse una idea de la grave situación del sistema. Finalmente ha defendido un tránsito hacia un sistema de cuentas nocinales y ha advertido de la necesidad de “acotar los límites a la liquidez” porque de lo contrario “nos expondremos a que nos ocurra lo mismo que ha Reino Unido”, donde la ausencia de límites a la hora de capitalizar las prestaciones ha conllevado a un traspaso de dinero del ahorro al ladrillo.

En este mismo sentido también se ha pronunciado Ávalos, al hablar de “la importancia de desacumular el ahorro de forma adecuada, es decir, en forma de renta vitalicia y no capitalizada” y de aumentar los supuestos de disposición anticipada. Desde Unespa consideran que “ha llegado la hora de que la Comisión del Pacto de Toledo empiece a concretar propuestas para aliviar la situación de las pensiones”. Ávalos también ha puesto el foco en la necesidad de mitigar el efecto que va a tener el hecho de que España vaya a ser en 2060 el país con la mayor reducción en su tasa de sustitución. Entre
las propuestas que ha señalado cabe destacar “sistemas de adscripción obligatoria por parte de
trabajadores y empresas”, y un mayor incentivo fiscal para los casos de rescates en forma de rentas
porque “en la actualidad no existe ninguno”.

La edad de jubilación en 65 años se estableció hace 130 años Jesús Carmona, director de Vida, Salud y Accidentes de AXA, ha dado paso después a la ponencia de José Antonio Herce, director asociado de Analistas Financieros Internacionales-AFI, que ha señalado la necesidad de replantearse la edad de jubilación. “Los 65 como límite a la edad laboral se estableció hace más de 130 años, cuando la esperanza de vida era de poco más de 40”, ha asegurado. Además, ha negado la existencia de un dilema entre sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones, y ha planteado la necesidad de repensar las coberturas. En este sentido, considera que las pensiones de viudedad, por ejemplo, “no deberían ir contra los Presupuestos Generales del Estado, porque necesitamos margen para financiar la nueva contingencia del siglo XXI: la dependencia”.

Y ha abogado, no por su eliminación, pero sí por la apertura a nuevas fórmulas de compensación para algunos colectivos afectados. Herce cree que “no podemos pedirle a la Seguridad Social lo que ya no puede hacer por nosotros; sin embargo sí debemos plantearnos qué podemos hacer nosotros por ella”.
Finalmente también se ha referido a la fiscalidad para afirmar que “me conformaría con que la
complementariedad a los sistemas públicos de pensiones tuviera el mismo tratamiento fiscal que las
aportaciones a la Seguridad Social”.